La Alcaldía de Medellín realizó una intervención en el barrio Héctor Abad Gómez, comuna 5 (Castilla), donde inspeccionó 53 edificaciones construidas presuntamente de manera irregular en un predio de propiedad pública.
Un lote del municipio
Según la información recopilada por las autoridades, las estructuras fueron levantadas en un lote reservado para el futuro intercambio vial de Andalucía y que, además, está sujeto a restricciones urbanísticas por tratarse de espacio público y encontrarse dentro de una zona de protección ambiental. La inspección buscó verificar las condiciones de las construcciones y documentar posibles infracciones relacionadas con el uso y ocupación del suelo.
Afectación a franja de protección ambiental
El terreno afectado no solo está reservado para infraestructura vial y uso comunitario, sino que viola el retiro obligatorio de 30 metros de la quebrada Héctor Abad Gómez. Al tratarse de una franja de protección ambiental para preservar el cauce y mitigar riesgos de desastres, las normas urbanísticas prohíben taxativamente cualquier tipo de edificación en el sector.
Multas millonarias
Ante esta situación, el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, advirtió que las multas por estas infracciones pueden alcanzar hasta los 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, montos que incrementan al afectarse suelo ambiental y espacio público. El funcionario enfatizó que la ley contempla la demolición de las obras: “Una obra ejecutada en un lugar donde la norma prohíbe edificar no se subsana por el hecho de estar terminada; en estos casos, la ley contempla su remoción”, señaló, haciendo un llamado a la ciudadanía a verificar las condiciones de los predios antes de comprar.
Investigación sobre venta ilegal de lotes
Por otra parte, la jornada de control incluyó un componente de investigación judicial y administrativa. La Unidad de Enajenaciones y Sociedades Intervenidas realizó seis entrevistas en la zona con el fin de rastrear posibles procesos de venta ilícita de lotes. Con este material, las autoridades buscan detectar y desmantelar redes de ocupación o comercialización irregular de tierras que están estafando a los habitantes del sector.
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