La Alcaldía de Medellín intensificó las medidas de inspección, vigilancia y control sobre las empresas y personas naturales dedicadas a la construcción y comercialización de inmuebles en la ciudad. A través de una nueva directriz, el gobierno local busca salvaguardar el patrimonio de las familias que invierten en proyectos inmobiliarios y mitigar de forma temprana los riesgos de quiebra o incumplimiento en las entregas.
Alcance de la medida y plazos legales
La disposición, formalizada mediante la Circular Nro. 202660000113 de 2026 emitida por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, estipula que los enajenadores registrados deberán remitir de manera obligatoria sus estados financieros de propósito general, junto con la documentación complementaria requerida.
El plazo máximo para el cumplimiento de esta obligación vence el primer día hábil del mes de julio de cada año. No obstante, la autoridad del Distrito aclaró que el requisito se considerará subsanado si los constructores ya radicaron dichos balances dentro de los trámites previos de comercialización antes de la fecha límite.
Sanciones por incumplimiento e intervención
El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, advirtió que el Distrito cuenta con la facultad legal de aplicar medidas severas en caso de desacato o de hallarse anomalías en los reportes. El régimen sancionatorio contempla la imposición de multas sucesivas por cada día de retraso en el envío de los datos.
Asimismo, la administración local enfatizó que, si los análisis contables arrojan deficiencias que pongan en peligro los ahorros de los usuarios o la viabilidad de las obras, se procederá con la intervención directa de la empresa desarrolladora para garantizar el derecho a una vivienda digna.
Orientación y canales de atención al ciudadano
Además de las acciones de fiscalización a las firmas del sector, la Secretaría mantiene habilitados canales de asesoría para los compradores que experimenten problemas con sus procesos inmobiliarios.
Las causales de atención cubren fallas estructurales o constructivas, demoras injustificadas en los tiempos de entrega, publicidad engañosa y la ausencia del radicado de ventas indispensable para comercializar los proyectos.
Los ciudadanos que requieran validar el estado de un proyecto o reportar anomalías pueden solicitar asistencia técnica y legal en el piso 9 del Edificio Plaza de la Libertad, en el centro de la ciudad.
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