La defensa técnica del señor Álvaro Villada, vinculado al caso de presunta corrupción de Metroparques, formalizó una recusación de la Jueza 38 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, al considerar comprometida su imparcialidad para seguir conociendo del caso.
Los abogados Kevin Alejandro Giraldo Camacho, Catalina Noguera y Gustavo Moreno, quienes integran la bancada defensora, presentaron el recurso argumentando que la misma funcionaria judicial ya había intervenido de manera sustancial en etapas previas del proceso, específicamente al conceder e impartir legalidad al principio de oportunidad otorgado por la Fiscalía a quien sería la testigo principal de cargo, la señora Laura Mejía Higuita.
"Comprometió su criterio, no solo es antes sino es después, es decir, va a seguir conociendo de la prórroga y legalización de las próximas audiencias de este principio de oportunidad. Eso compromete la independencia y la imparcialidad que se debe predicar de todos los jueces de control de garantías", manifestó el abogado Gustavo Moreno.
Valoración previa sin contradicción
De acuerdo con la recusación, la jueza habría realizado una valoración previa de elementos materiales probatorios que las defensas no habrían podido conocer ni controvertir integralmente, lo que estaría afectando la garantía constitucional de imparcialidad, la cual exige no solo ausencia de sesgo real, sino también que no exista duda razonable sobre la objetividad del juzgador.
"Donde hay prueba anticipada hay descubrimiento anticipado de pruebas, descubrimiento que no se ha hecho. Hoy se violentan las garantías de nuestro prohijado Álvaro Villada, mañana puede ser la de cualquier ciudadano. Esto no lo podemos permitir", agregó Moreno.
Testigo clave vinculada a la Contraloría y a campañas políticas
La defensa también indicó que la señora Laura Mejía Higuita, pese a haber confesado delitos, actualmente se estaría desempeña como empleada de la Contraloría General de Antioquia, situación que, según los apoderados, le permitiría tener conocimiento y posibilidad de interferir, filtrar o manipular información, hecho que también será denunciado ante las autoridades competentes.
Además, afirmaron que también se le sumaría que la testigo presentada ante ese mismo despacho judicial tuvo vínculos laborales con el partido político del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en un contexto en el que, según la defensa, se han realizado pronunciamientos públicos que afectan la presunción de inocencia de los implicados.
"La justicia penal no puede ser instrumentalizada con fines electorales ni convertirse en escenario de confrontación política", señalaron los abogados.
Cuestionamiento a la asignación del despacho
Para la defensa resulta llamativo que, existiendo más de cincuenta jueces con función de control de garantías en Medellín, el asunto haya recaído nuevamente en el mismo despacho que ya había evaluado aspectos estructurales del caso. Para los apoderados, esta circunstancia compromete la apariencia de independencia judicial y obliga a preservar el principio del juez natural como eje esencial del debido proceso.
La defensa anunció que pondrá en conocimiento de las autoridades competentes las irregularidades que han advertido y activarán los mecanismos legales necesarios para garantizar el derecho al juez imparcial, la presunción de inocencia y el pleno ejercicio del derecho de defensa. Asimismo, reiteraron su compromiso con el proceso ajustado estrictamente a la Constitución y a la ley.
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