La Policía frustró la comercialización ilegal de siete toneladas de confitería robada y avaluada en $150 millones, tras un operativo que dejó dos capturados por receptación y permitió ubicar el cargamento en un parqueadero del municipio de Bello.
Según las autoridades, el hurto se cometió cuando un camión que transitaba por la vía secundaria entre Porce y Yolombó fue desviado de su ruta original, al parecer para evadir controles y básculas. En ese punto, delincuentes se apropiaron de la mercancía.
Gracias al rastreo de la carga, los uniformados llegaron hasta un parqueadero público en Bello, donde sorprendieron a uno de los implicados cuando pretendía recuperar el vehículo trasbordado para distribuir los dulces en el mercado negro de Medellín. El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, entregó detalles del caso.
De manera simultánea, en el Oriente antioqueño, la Estación de Policía Cocorná halló el camión originalmente hurtado, que era movilizado con placas falsas para despistar a las patrullas.
Los dos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se investiga si pertenecen a una red dedicada al robo de mercancía y transporte de carga en el departamento.
En días anteriores: frenan distribución de licor adulterado en San Javier y San Cristóbal
En una operación reciente, las autoridades incautaron más de 300 botellas de licor adulterado con un valor aproximado de $32 millones. En enero, la Policía decomisó 339 botellas listas para la venta, 25.000 mililitros de licor a granel, alcohol puro en bolsas y más de 1.200 envases vacíos.
Además, se hallaron 5.160 tapas de diferentes marcas, 3.488 sellos de seguridad para aguardiente y ron, 473 dosificadores, $518.000 en efectivo y un teléfono móvil. La investigación determinó que este licor ilegal abastecía principalmente negocios de la Comuna 13 (San Javier), el corregimiento de San Cristóbal y el Centro de Medellín.
Según la Policía, este alambique generaba rentas criminales cercanas a los $15 millones semanales, recursos que dejarán de ingresar a las estructuras delictivas tras la intervención.
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