La Fiscalía General de la Nación judicializó a ocho personas, cuatro hombres y cuatro mujeres pertenecientes a un mismo núcleo familiar, señaladas de integrar una red de extracción ilícita de oro que operaba en los municipios de El Bagre y Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño. Según la investigación, la organización habría desarrollado actividades mineras sin los permisos exigidos por la ley, generando graves afectaciones ambientales en la región.
Desde el año 2024, este grupo familiar venía sobreexplotando la ronda del río Nechí sin contar con título minero ni licencia ambiental, empleando maquinaria pesada, cuatro dragas de tipo brasileño y mercurio, un potente químico altamente contaminante.
La distribución del delito entre hermanos y allegados en Antioquia
La investigación de la policía judicial, apoyada en interceptaciones telefónicas, seguimientos y tres operativos en terreno descubrió cómo la estructura organizativa operaba bajo la lógica de una empresa familiar donde cada integrante tenía asignada una tarea específica:
Dirección y operación en campo: Alexander Villalba Martínez actuaba como cabecilla y principal articulador de la red. A su lado, José Alfredo Villalba Martínez lideraba la maniobra directa de las dragas en las aguas del río.
Administración y logística: María Isabel Villalba Martínez y Luz Yesenia Santos Romero manejaban las labores financieras, administrativas y logísticas. Por su parte, Andrea Catalina Castañeda Correa decidía el uso y la destinación de las máquinas pesadas.
Gestión minera y secretariado: Jhon Hever Soto Flórez administraba una mina a cielo abierto en el sector de Jardín de Tamaná (Antioquia), mientras que Angie Paola Agudelo ejercía las funciones de secretaria de la organización.
Comercialización: Maicol Álvarez Caicedo cerraba el ciclo ilícito comprando y comercializando el oro extraído ilegalmente.
Millonarias incautaciones en Antioquia
Evaluaciones de la autoridad ambiental confirmaron daños severos en una vasta zona del bajo Cauca antioqueño; pérdida drástica de cobertura vegetal, erosión del suelo, formación de pozones o depósitos artificiales de agua y un masivo transporte de sedimentos que alteró el curso y la calidad del río Cauca.
Durante los operativos de captura en los municipios de Caucasia y El Bagre, las autoridades incautaron 695 gramos de oro, avaluados en más de 284 millones de pesos, 152,54 gramos de platino y 508 millones de pesos en efectivo. Asimismo, fueron hallados cinco teléfonos celulares y documentación que será analizada dentro del proceso investigativo.
El material recuperado quedó a disposición de las autoridades como parte de las pruebas que respaldan la investigación por explotación ilícita de yacimientos mineros, delitos ambientales y lavado de activos.
Imputación de cargos y medidas cautelares en Antioquia
Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir agravado, explotación ilícita de yacimiento minero, contaminación ambiental, daño a los recursos naturales y ecocidio, y lavado de activos.
Ante la gravedad de los hechos, un juez promiscuo municipal de El Bagre impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a seis de los implicados. Únicamente Andrea Catalina Castañeda Correa y María Isabel Villalba Martínez recibieron la medida de prisión domiciliaria.
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