Frente a la creciente amenaza que representan las tecnologías no tripuladas en el conflicto urbano y rural, el Gobierno nacional, en cabeza de Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Defensa y en articulación con la Fiscalía General de la Nación, alista una reforma legal para endurecer de forma severa las sanciones penales contra quienes empleen estos dispositivos para perpetrar atentados en el país.
Más de 20 atentados en lo corrido del año en Antioquia
La urgencia de esta medida legislativa responde a la preocupante escalada de violencia en diferentes departamentos de Colombia y en el territorio antioqueño, donde ya se contabilizan 23 ataques con drones en lo corrido de 2026. Las estructuras criminales han comenzado a implementar el despliegue de estos aparatos, incluso en modalidades avanzadas como enjambres para atentar directamente contra estaciones de policía, guarniciones militares y centros poblados donde habita la comunidad civil.
Vacíos legales impiden judicializar a los operadores en Colombia
Actualmente, el ordenamiento jurídico colombiano presenta un vacío penal que dificulta la judicialización efectiva de los responsables de estas incursiones aéreas. Ante este panorama, la propuesta gubernamental busca crear una figura penal específica que desborde los delitos genéricos que se imputan hoy en día como el concierto para delinquir y permita catalogar directamente estas acciones como actos terroristas.
“Carecemos de herramientas normativas para procesar penalmente a los operadores de estos aparatos, así como a quienes sean sorprendidos en posesión de los mismos. Es necesario modificar la legislación vigente para que estas conductas sean tipificadas estrictamente como actos de terrorismo y no bajo figuras como el concierto para delinquir, logrando así neutralizar a estos actores clave en la ejecución de los ataques”, explicó la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla.
La regulación e intensificación de las penas contra el uso criminal de drones se consolidó como uno de los seis frentes estratégicos priorizados por el Ministerio de Defensa para restablecer el orden público. La iniciativa busca frenar el avance de esta modalidad táctica que pone en riesgo constante tanto a los uniformados de la Fuerza Pública como a la población civil.
Soldado desapareció tras un ataque con drones explosivos en Antioquia
El Ejército Nacional confirmó el pasado 24 de octubre el hallazgo con vida del soldado profesional Andrés Casterbondo Macías, quien permaneció desaparecido durante seis días tras un ataque con drones contra tropas en zona rural de Segovia, nordeste de Antioquia. El uniformado fue encontrado en la vereda Las Palmas durante labores de búsqueda, registro y control adelantadas por las unidades desplegadas para ubicarlo.
Según informó la institución, la desaparición ocurrió el pasado 18 de octubre en la vereda Villa Severa, donde tropas que desarrollaban operaciones de estabilidad fueron atacadas con explosivos lanzados desde drones. De acuerdo con el reporte oficial, los presuntos responsables serían integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 37, con presencia en esa zona del departamento.
Tras la acción armada, los militares perdieron contacto con el militar y desconocían su ubicación, por lo que el Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9 activó un amplio dispositivo de búsqueda por tierra y aire. Luego de seis días de intensas labores, el Ejército logró encontrar al soldado con vida en la vereda Las Palmas, poniendo fin a la operación de localización que mantenía en alerta a las autoridades y a sus familiares.
Preguntas sobre la iniciativa del Gobierno Nacional
¿Cuántos ataques con drones se han reportado en Antioquia durante el año 2026?
En lo corrido del año se han registrado 23 ataques empleando estos dispositivos en el departamento.
¿Cuál es el principal vacío legal que señalan las autoridades?
Actualmente no existe una figura penal específica para imputar a los operadores de drones armados o a quienes sean interceptados con ellos, teniendo que recurrir a delitos generales como concierto para delinquir.
¿Qué busca la propuesta legislativa del Ministerio de Defensa y la Fiscalía?
Busca endurecer el marco legal para tipificar el uso de drones en ataques armados directamente como actos de terrorismo, permitiendo sanciones penales mucho más severas.
¿Cuáles son los objetivos principales de estos atentados según las autoridades?
Los ataques están dirigidos principalmente contra estaciones de Policía, unidades de la Fuerza Pública y la población civil.
¿Dentro de qué contexto se enmarca esta medida normativa?
Hace parte de los seis frentes estratégicos priorizados por el Gobierno Nacional para combatir la criminalidad y desarticular las dinámicas delictivas en departamento muy afectados como: Antioquia.
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