Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Luis Alfonso Muñoz Garzón, de 57 años, como presunto responsable del homicidio de Yuliza Orozco Orozco, reconocida activista y lideresa de la comunidad LGBTIQ+ en el municipio de La Ceja, Antioquia.
El imputado fue capturado en una operación conjunta entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Antioquia el pasado 24 de octubre. Durante el procedimiento judicial, las autoridades le incautaron un revólver calibre 38, el cual fue sometido a peritaje balístico para determinar si corresponde al arma utilizada en el crimen.
Un fiscal de la Seccional Antioquia le imputó los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. El procesado no aceptó los cargos.
El recorrido previo al hallazgo del cuerpo en La Ceja, Antioquia
Los hechos investigados ocurrieron el 29 de diciembre de 2025. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía General de la Nación a partir de las labores de policía judicial, el indiciado habría recogido a la víctima de 46 años en un vehículo particular en la zona urbana de La Ceja.
Posteriormente, el investigado la trasladó hacia la vereda Pantanillo, zona rural de la localidad. Horas más tarde, el cuerpo de Yuliza Orozco fue hallado en el sector con dos impactos de bala en la cabeza.
La principal hipótesis de las autoridades sobre el móvil del crimen en Antioquia
Durante las audiencias preliminares, las autoridades dieron a conocer la principal línea de investigación sobre las posibles causas del homicidio. De acuerdo con los elementos recopilados en el proceso, Luis Alfonso Muñoz Garzón y la víctima habrían sostenido una relación sentimental que se mantenía en reserva.
Según la información expuesta, Yuliza Orozco habría manifestado su intención de hacer pública la relación. Las autoridades consideran que la posibilidad de que el vínculo saliera a la luz, sumada a que el procesado tendría esposa, de acuerdo con versiones entregadas por allegados y familiares de la víctima, podría estar relacionada con el crimen. Esta hipótesis hace parte del material probatorio que deberá ser debatido y sustentado durante el desarrollo del juicio.
El clamor de Caribe Afirmativo y la Defensoría del Pueblo
El crimen de la activista generó un amplio rechazo social e institucional. Tras conocerse el homicidio, la organización Caribe Afirmativo exigió que el proceso judicial fuera abordado con una perspectiva diferencial, advirtiendo que el hecho se enmarca en un contexto recurrente de violencia contra la población LGBTIQ+ en el país.
"Lamentamos profundamente el asesinato de Yuliza, una mujer trans, en La Ceja, Antioquia. Hacemos un llamado a la Fiscalía a investigar este crimen aplicando un enfoque de género", expresó la corporación a través de sus canales oficiales.
En esa misma línea, la defensora del Pueblo, Iris Marín, condenó de manera categórica el hecho, manifestando que los transfeminicidios evidencian patrones de discriminación e intolerancia inaceptables en una sociedad democrática, al tiempo que expresó su solidaridad con la familia y la comunidad afectada.
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