Su insólita labor no era apretar el gatillo directamente, sino "enseñar" a matar y someter: impartir adoctrinamiento, imponer reglamentos y dictar códigos de conducta a criminales y campesinos. Esa función de cabecilla "pseudopolítico" convirtió a Luis Alfonso Trujillo Martínez, alias ‘Cilindro’, en uno de los objetivos más buscados de Antioquia, hasta que la Policía Nacional logró su captura en el corregimiento Juntas de Uramita, en Uramita, occidente de Antioquia.
El detenido, con un historial de 19 años en el crimen que inició en las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), era la mente detrás de la expansión de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo en el occidente y suroeste antioqueño. Además de 'adoctrinar', coordinaba redes de alerta temprana e imponía castigos violentos a quienes desobedecían sus normas.
La policía se metió al rancho de alias Cilindro
El operativo, desarrollado por la DIJIN en coordinación con la Fiscalía dentro de la Operación Agamenón, permitió a las autoridades llegar hasta su escondite. Allí le incautaron 16 millones de pesos en efectivo, dispositivos electrónicos y documentos estratégicos sobre la doctrina e instructivos financieros de la organización.
Según explicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la DIJIN, la captura de este líder ideológico asesta un golpe crucial a una subestructura que delinque en 22 municipios de Antioquia a través del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Alias ‘Cilindro’ ya fue puesto a disposición de la Fiscalía por delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio selectivo y actos terroristas.
Las estructuras criminales del Clan de Golfo
La subestructura Edwin Román Velásquez Valle es una de las facciones más consolidadas de esta organización criminal en la región. Su accionar se concentra principalmente en localidades del occidente y suroeste antioqueño, como Anzá, Urrao y zonas limítrofes, desde donde intentan expandir su control territorial hacia corredores estratégicos que conectan con los departamentos de Chocó y Risaralda.
El accionar delictivo de esta facción armada está ligado al control de rutas del microtráfico, el cobro de extorsiones a comerciantes y sectores productivos de la zona, y enfrentamientos contra otros grupos ilegales por el dominio de corredores de movilidad. Asimismo, se les atribuye la ejecución de homicidios selectivos para intimidar a la población local.
Frente a este panorama, las autoridades militares y de policía, junto con la Fiscalía General de la Nación, mantienen ofensivas constantes para debilitar la cadena de mando de esta estructura. A través de estas operaciones se busca no solo capturar a sus cabecillas, sino desmantelar sus redes logísticas y financieras en el departamento.
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