Con el objetivo de sacar de la informalidad a miles de trabajadores del sector minero, fue radicado en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 117 de 2026, una propuesta que establece un procedimiento especial y progresivo para que la pequeña minería y la minería de subsistencia cumplan con los requerimientos ambientales, técnicos y legales en Colombia.
El panorama que busca abordar la propuesta es crítico, pues según informes de las Naciones Unidas, más del 80% del oro comercializado en Colombia proviene de fuentes informales o criminales. Esta actividad ha comenzado a desplazar al narcotráfico como la principal fuente de rentas ilícitas en el país, generando además un severo impacto ambiental en los ecosistemas locales.
¿Cuál sería la idea de la nueva propuesta que bendeciría a miles de comerciantes de oro en Colombia?
Ante esta coyuntura, la norma marca una clara diferenciación entre la minería comunitaria tradicional y las operaciones ilícitas operadas por estructuras criminales. Para lograrlo, la propuesta se estructura en un modelo de tres fases fundamentales: el Permiso Inmediato Temporal de Explotación (PITE), con duración de hasta un año para implementar medidas básicas y eliminar el uso de mercurio; el Permiso de Explotación de Transición (PPT), de hasta doce meses para presentar estudios ambientales; y finalmente las Licencias Ambientales para la Formalización (LAF), otorgadas tras el cumplimiento integral de todos los requisitos, dijo la representante a la cámara por Antioquia, por el partido Centro Democrático, Ana Ligia Mora.
Para agilizar los procesos y reducir la burocracia, la iniciativa contempla la creación de una Ventanilla Única para la Formalización Minera, la expedición del Certificado de Origen de Beneficio (COB) y la puesta en marcha de un Programa Nacional de Asistencia Técnica, Jurídica y Social orientado a acompañar a las familias mineras.
La financiación del modelo provendrá de fuentes como el Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Regalías, el Fondo de Fomento Minero, aportes territoriales y cooperación internacional.
El trámite legislativo avanza a paso firme en la Cámara de Representantes, donde este viernes se presentará oficialmente la ponencia del proyecto. Este paso resulta determinante para fijar la fecha del primer debate en el Congreso y definir el rumbo de la regulación de la pequeña minería en el país.
La minería informal vs minería ilegal
La creciente presión de grupos armados al margen de la ley sobre la pequeña minería y la minería artesanal ha alcanzado niveles críticos en varias regiones del país. Informes territoriales y alertas de organismos de derechos humanos advierten que estos actores no solo extorsionan a los mineros informales, sino que los están instrumentalizando activamente para consolidar su control territorial, blanquear capitales y servirse de ellos como un "escudo social" frente a la acción del Estado.
Según las denuncias, el modus operandi de estas organizaciones criminales ha evolucionado. Ya no se limita al cobro de "vacunas" o peajes por la maquinaria y los insumos. Ahora, los grupos armados fuerzan a las comunidades de pequeños mineros a operar en zonas de reserva o áreas prohibidas bajo su tutela, obligándolos a entregar un porcentaje de la producción de mineral y a abastecer la logística de los campamentos ilegales.
"Escudo social" y blanqueo de ingresos
Una de las modalidades más preocupantes identificadas por las autoridades institucionales es el uso de los pequeños mineros para bloquear intervenciones de la Fuerza Pública. Bajo amenazas de expulsión o violencia directa, los pobladores son presionados a movilizarse, realizar paros o interponerse en los operativos de erradicación y decomiso de maquinaria pesada.
Asimismo, analistas del conflicto señalan que la producción de la minería artesanal e informal está siendo utilizada por estas estructuras violentas para financiar la compra de armamento y rentas ilícitas.
Al mezclar el oro extraído de forma tradicional con el obtenido mediante explotación criminal a gran escala, los grupos armados logran introducir el metal en la cadena formal de comercio, dificultando la trazabilidad por parte de las autoridades financieras.
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