Desde Antioquia, organizaciones judiciales, defensores públicos y gremios de abogados anunciaron que se sumarán a la jornada nacional de 'Un día sin audiencias', convocada para este lunes 19 de enero de 2026, como protesta por el no pago oportuno de honorarios, la reducción presupuestal y las precarias condiciones laborales que enfrentan los defensores públicos en el país.
La jornada, promovida en el ámbito nacional por la Asociación Sindical de Defensores Públicos (ASDEP), busca llamar la atención del Gobierno nacional frente al incumplimiento en el pago de los honorarios correspondientes a diciembre de 2025 y al recorte de recursos que, según las organizaciones, afecta directamente el acceso a la justicia de miles de ciudadanos.
Desde Medellín, Asonal Judicial confirmó su respaldo a la jornada, al igual que el Colegio Internacional de Abogados, el Colegio Nacional de Jueces y Fiscales y asociaciones de abogados penalistas, quienes anunciaron su acompañamiento a la movilización institucional.
Juan Arango, abogado y vocero del sector, explicó que la decisión responde a una defensa legítima de los derechos laborales de los defensores públicos.
"Asonal Judicial se ha unido y nos acompañará este lunes 19 de enero para apoyar la justa lucha de los defensores públicos frente a sus remuneraciones, el pago por turno y la exigencia de contratos justos", señaló.
Arango agregó que la jornada no es aislada y cuenta con un respaldo gremial amplio. Por su parte, ASDEP indicó que esta será la segunda jornada nacional de 'Un día sin audiencias' en 2026, luego de agotar gestiones administrativas ante el Gobierno Nacional sin obtener soluciones concretas. El sindicato aseguró que el aplazamiento del pago de honorarios para enero constituye una vulneración al mínimo vital de cientos de defensores públicos y contratistas.
En un comunicado conjunto, el Colegio Internacional de Abogados y la Asociación de Defensores de Derechos Humanos (CIADH) expresaron su solidaridad con los defensores públicos y advirtieron sobre la gravedad de la situación. Señalaron que la mora en los pagos, la inestabilidad contractual y las cargas económicas que deben asumir los defensores comprometen no solo sus derechos laborales, sino también la calidad del servicio de defensa pública.
"La defensa pública no es un servicio accesorio, es un pilar del Estado social de derecho. La falta de pago y el recorte presupuestal constituyen una afrenta directa a la función pública que ejercen los defensores", indicaron las organizaciones.
Las entidades convocantes aclararon que la jornada del lunes no busca afectar deliberadamente a los usuarios, sino visibilizar una crisis estructural que pone en riesgo el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y el derecho fundamental al acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables.
Finalmente, ASDEP reiteró que continuará en la Mesa Nacional de Negociación y anunció que, además de la suspensión de audiencias, se adelantarán acciones institucionales ante el Ministerio de Hacienda, con el respaldo de organizaciones sindicales del Sistema Nacional de Defensoría Pública y sectores de la Rama Judicial.
Por: Tatiana Balvín Rodríguez
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