Tras la apertura de investigación contra Kevin René Bernal Morales, alcalde del municipio de Girardota, norte del Valle de Aburrá, anunciada por la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la elección de la nueva mesa directiva de la corporación para la vigencia 2026.
El mandatario municipal manifestó recientemente: «Me pronunciaré en el momento en que se archive la misma, que estoy más que seguro, es lo que pasará, toda vez que nunca existieron los hechos objeto de investigación, en lo que a mí respecta».
De igual forma, pidió celeridad a los entes de control en esta investigación, ya que, según él, es uno de los más interesados en que se aclare esta situación.
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En consecuencia, la Procuraduría ha solicitado las pruebas necesarias para identificar y esclarecer los hechos denunciados en el municipio.
Cabe señalar que será la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valle de Aburrá la encargada de esclarecer si el mandatario local gestionó, a través de dineros y favores, la manera de influir en las elecciones de la mesa directiva.
Asimismo, se investiga la presunta exigencia de dádivas entre los investigados y los contratistas de la corporación.
Cabe señalar que será la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valle de Aburrá la encargada de esclarecer si el mandatario local gestionó, a través de dineros y favores, la manera de influir en las elecciones de la mesa directiva.
Asimismo, se investiga la presunta exigencia de dádivas entre los investigados y los contratistas de la corporación.
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Por otra parte, hay que indicar que, además del alcalde Bernal Morales, se investigarán a siete concejales: María Berenice Álzate Mejía, Marisol Henao Bustamante, Julie Bohórquez, Sergio Andrés Orlas, Jaime de Jesús Montoya, Daniel Orozco Córdoba y Sebastián Zapata Arias.
En consecuencia, la Procuraduría ha solicitado las pruebas necesarias para identificar y esclarecer los hechos denunciados en el municipio.
Investigación Procuraduría
De otro lado, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación al personero (e) de Puerto Berrío, Antioquia, Robinson Adrián Sepúlveda Zapata, por presunta vulneración al régimen de inhabilidades.
El Ministerio Público busca determinar si el servidor se posesionó para ejercer dicho empleo en mayo de 2025, a pesar de que, al parecer, durante el año anterior a su posesión habría celebrado con la alcaldía municipal un contrato de prestación de servicios, con el objeto de prestar asesorías profesionales como abogado de apoyo en la recuperación de cartera y cobro en la Secretaría de Hacienda.
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