La situación del sistema de salud que atiende a los maestros de Antioquia volvió a tensarse después de que la mesa de diálogo entre los sindicatos y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) se suspendiera sin acuerdos. Durante el encuentro, realizado en Bogotá, se confirmó que de las más de 2.800 quejas reportadas en el departamento, el 70% corresponde específicamente a la no entrega de medicamentos, un indicador que los docentes consideran una señal de fallas estructurales en el nuevo modelo de atención.
Aunque el propósito de la mesa era avanzar en soluciones, los asistentes señalaron que la discusión se centró en cifras, informes técnicos y explicaciones operativas. El vicepresidente del Fomag, Herman Bayona, reconoció la legitimidad de las inconformidades, pero atribuyó parte de las dificultades al corto tiempo de operación del nuevo gestor farmacéutico, activo desde hace mes y medio. Para los líderes sindicales, el problema supera a cualquier operador y tiene que ver con un modelo que no garantiza el abastecimiento regular en todo el país.
Los delegados de los maestros expresaron desacuerdo con la presentación del Fomag, asegurando que no refleja la realidad que viven los docentes en los territorios. La tensión aumentó cuando Bayona indicó que las soluciones debían implementarse desde los territorios, lo que los dirigentes interpretaron como una falta de decisiones desde el nivel central.
La ruptura definitiva se dio cuando el Fomag planteó que los sindicatos participaran en la reorganización de la red de prestadores y en decisiones sobre la contratación. Los representantes docentes respondieron que su función es la vigilancia, no la administración del sistema. Tras levantarse de la mesa, solicitaron que la próxima reunión se realice en Antioquia y con la presencia de entes de control.
Mientras el Fomag lamentó el cierre anticipado de la agenda y aseguró que aún es posible incorporar nuevos prestadores, los docentes manifestaron incertidumbre sobre los tiempos de respuesta. Además de los problemas con medicamentos, el 30% restante de las quejas se relaciona con reembolsos, fallas en la red, demoras en citas y trámites administrativos.
Más allá del sistema del magisterio, la situación de la salud en Antioquia continúa generando reacciones desde diferentes frentes, entre ellos inspecciones oficiales, pronunciamientos políticos y decisiones judiciales.
Visita de la Supersalud al Hospital San Rafael de Itagüí
Tras las declaraciones del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quien afirmó que el Hospital San Rafael de Itagüí era “presa de la politiquería”, la Superintendencia Nacional de Salud realizó una inspección para revisar finanzas, infraestructura, insumos y pagos al personal. El organismo aclaró que estas visitas hacen parte de sus funciones regulares de inspección, vigilancia y control.
Las afirmaciones del ministro generaron una fuerte reacción en la Asamblea de Antioquia. El diputado Jorge Correa Betancur, presidente de la Comisión de Salud, rechazó los señalamientos y recordó que la red hospitalaria arrastra una deuda superior a los 8 billones de pesos, gran parte asociada a EPS intervenidas. Correa insistió en que las corporaciones territoriales ejercen control político, no administración directa del sistema.
Medida cautelar en Rionegro por deudas acumuladas
El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una acción popular presentada por la Personería de Rionegro y ordenó una medida cautelar contra el Ministerio de Salud y otras entidades para garantizar el pago de la deuda que Nueva EPS y Savia Salud mantienen con la red hospitalaria del municipio. La suma supera los 280.000 millones de pesos. El Tribunal dio 10 días para presentar un cronograma de pagos y un plan de mitigación de riesgos.
La suspensión del diálogo con el magisterio, la inspección en Itagüí, la respuesta de la Asamblea y la orden judicial en Rionegro muestran que la crisis de la salud en Antioquia tiene dimensiones asistenciales, administrativas, financieras e institucionales. Los hospitales requieren recursos para operar, mientras que los territorios señalan que gran parte de las dificultades está relacionada con las deudas acumuladas de EPS intervenidas y la necesidad de giros oportunos desde la Nación.
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