En medio de la actual discusión sobre la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el concejal Andrés Tobón encendió la polémica al anunciar que presentará una propuesta para prohibir las actividades de sexo pago y afines en el espacio público de la capital antioqueña.
La iniciativa busca bloquear cualquier intento de regulación o reconocimiento de estas zonas en el ordenamiento territorial. Según el cabildante, permitir este tipo de dinámicas bajo un marco regulado representaría un riesgo inminente para la seguridad y los derechos humanos en la ciudad.
La propuesta será debatida en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
Durante el debate sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Tobón argumentó que el ejercicio del sexo pago en las calles está profundamente ligado al control de estructuras criminales y a redes de explotación sexual y comercial.
El concejal advirtió que la regulación territorial podría terminar favoreciendo a los grupos delincuenciales. "Vamos a terminar formalizando a los bandidos que se creen dueños de las niñas", afirmó de manera tajante.
Sostuvo que el POT debe ser un instrumento de desarrollo y seguridad, no una herramienta para legitimar actividades que fortalezcan el poder territorial de organizaciones al margen de la ley.
La propuesta abre un intenso debate en el Concejo de Medellín y en diversos sectores sociales, al enfrentar posturas sobre el ordenamiento del espacio público, la regularización de actividades comerciales y la lucha contra las redes criminales en la ciudad.
¿Qué es el POT?
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se ha consolidado como la herramienta técnica, normativa y de planeación más importante con la que cuentan los municipios y distritos para orientar el desarrollo físico de su territorio, regular el uso del suelo y definir el crecimiento urbano y rural durante los próximos años. Esta hoja de ruta busca garantizar que las ciudades crezcan de manera ordenada, sostenible y equitativa para todos sus habitantes.
Dentro de sus funciones principales, el POT divide el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana, además de identificar las zonas protegidas ambientalmente y aquellas expuestas a amenazas naturales para una correcta gestión de riesgos. Asimismo, se concibe como un pacto social y participativo que involucra a actores públicos, privados y comunitarios en la toma de decisiones sobre dónde se puede construir, cómo debe mejorar la movilidad y qué espacios naturales deben preservarse para el futuro.
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