Las autoridades de Antioquia investigan el crimen de dos jóvenes que fueron asesinados en menos de 48 horas en los municipios de Titiribí y Amaga.
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El caso más reciente ocurrió en la vereda Corcovado, jurisdicción de Titiribí, donde un joven de 25 años fue asesinado con arma de fuego. Según el reporte oficial, la víctima registraba antecedentes por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.
Las autoridades indicaron que, en esta zona rural se mantiene una fuerte disputa territorial entre la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo y el grupo delincuencial 'La Miel'.
Este crimen se suma al ocurrido apenas 24 horas antes en la vereda Travesía, zona rural del municipio de Amagá, donde otra persona de sexo masculino fue ultimada y hasta el momento no ha sido identificada.
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Estos asesinatos ocurren en un contexto de tensiones territoriales donde estructuras ilegales y grupos locales se disputan el control de las economías ilícitas, dejando a la población civil en medio del fuego cruzado.
Desde la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), la denuncia ha sido contundente. La organización ha señalado que, pese a las advertencias reiteradas sobre la degradación de la seguridad en el Suroeste, las medidas actuales no están dando resultados.
Corpades cuestionó directamente la efectividad de la Tasa de Seguridad implementada por la Gobernación de Antioquia, asegurando que esta sobretasa no ha logrado incidir de manera real en la contención de los homicidios. Asimismo, lanzaron una dura crítica contra la administración departamental:
"Hemos denunciado el ocultamiento de información sobre el manejo de las cifras oficiales de muertes violentas por parte de la Gobernación", señala la organización.
Clamor por seguridad real
La percepción de inseguridad entre los habitantes del Suroeste crece al mismo ritmo que los homicidios. Voces comunitarias y líderes locales exigen un cambio de estrategia que pase de los anuncios institucionales a soluciones prácticas en el territorio.
La comunidad demanda una presencia del Estado que no solo sea reactiva, sino que garantice condiciones de vida seguras en los corregimientos y veredas más apartados, donde hoy la criminalidad parece llevar la ventaja ante una institucionalidad que, según los denunciantes, no responde con la rapidez que la crisis demanda.
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