La audiencia de imputación de cargos contra el exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio Cardona, y las exsubdirectoras Ambientales Ana María Roldan Ortiz y Diana María Montoya Velilla, se llevó a cabo durante más de cuatro horas. Los cargos incluyen Interés Indebido en la Celebración de Contratos y Peculado por Apropiación. Además, Juan Alberto Cardona Henao enfrenta cargos por Falsedad en Documento Privado.
En el transcurso de la audiencia, la Fiscalía General de la Nación solicitó al juez que declarara la configuración de un Grupo Delictivo Organizado (GDO). El fiscal argumentó que se ha acreditado la existencia de un Grupo Estructurado con más de tres integrantes. En la actualidad, hay tres ciudadanos más formalmente vinculados al caso, además de los cuatro que se busca vincular en el procedimiento judicial.
Según la Fiscalía, Juan David Palacio Cardona, por su condición de director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, tenía el deber de impedir la celebración de contratos.
En lugar de ejercer esa obligación preventiva, Palacio habría participado en la entrega de los bienes adquiridos por el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Itagüí con sobrecostos y se abstuvo de realizar las actuaciones de control y supervisión exigidas por la ley y por su acción y omisión se produjo el resultado lesivo consistente en la celebración y ejecución de con tratos con desviación de poder.
El abogado defensor de Juan David Palacio sostuvo que las exigencias argumentativas por parte de la Fiscalía, sobre la estructuración del Grupo Delictivo Organizado, no está fundada por completo, por la que se pidió no se tome en cuenta.
El juez decidió que esta audiencia continuará este martes 27 de enero del año en curso, a las 14:30 horas. Allí se espera que el fiscal del caso absuelva dudas a la defensa.
Otros vinculados por corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
En el mes de octubre del año 2025, fueron envidiados a la cárcel Misael Cadavid y Yaneth Rúa García, exfuncionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá por presunta corrupción en contratos entre la entidad y los Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Esta decisión según la juez se da por cuenta de un audio del 21 de agosto de 2020. En el que Misael Cadavid y Janeth Rúa, mencionaron términos tales como rentabilidad, en la consecución de souvenirs y de unos refrigerios. Lo que, en su momento por parte de la Fiscalía y la defensa de las víctimas, fue considerado un punto especial para avanzar en la investigación. “Porque hay elementos que permiten indicar se van a falsificar elementos de prueba y que se va a inducir a testigos”. Así lo indicó la juez en un aparte de la audiencia.
Ahora bien, hay que indicar que, aunque la defensa de los imputados solicitó que se ejecutara la medida de prisión domiciliaria, la juez determinó que tras las historias clínicas aportadas por parte de la defensa, la toma de medicamentos se puede realizar desde el lugar de la reclusión.
Contratos investigados: ¿En qué consisten?
Los contratos tenían por objeto el fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la reducción del riesgo de desastres, la formación bomberil en atención de emergencias y la entrega de kits bioseguridad para atender las necesidades ocasionadas por el Covid-19.
También fueron detectados presuntos sobrecostos en los productos que conformaban los paquetes de bioseguridad, giros por servicios de transporte que nunca se prestaron y recargas a líneas celulares que no se realizaron, entre otras anomalías que ocasionaron un posible detrimento patrimonial que superó los 2.481 millones de pesos.
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