El concejal de Medellín Andrés Tobón denunció que estructuras criminales estarían imponiendo un presunto monopolio en la comercialización de alimentos básicos, como arepas y huevos, en varios sectores de la ciudad.
La alerta surge tras un recorrido que realizó el cabildante caminando desde El Picacho hasta el barrio Doce de Octubre, donde constató de primera mano una oferta sumamente limitada en las tiendas locales.
Durante su inspección en cuatro establecimientos de la zona, Tobón aseguró haber encontrado únicamente dos marcas de arepas disponibles en la mayoría de los locales, sin opciones de libre competencia.
La extraña competencia en los barrios de Medellín: las únicas dos marcas
Ante esto, el concejal aclaró que de ninguna manera está afirmando que las empresas fabricantes sean parte de estructuras criminales, pero calificó como muy sospechoso que la comunidad denuncie restricciones sobre qué marcas de alimentos se permite vender en los barrios.
Finalmente, el cabildante hizo un llamado formal a las autoridades para que investiguen a fondo la situación y determinen qué está ocurriendo en la cadena de distribución.
Tobón enfatizó que no se puede permitir que los grupos armados al margen de la ley decidan sobre la competencia económica, el desarrollo local ni el precio que pagan los ciudadanos por un paquete de arepas en Medellín.
Otros productos de la canasta familiar: El seguimiento de los grupos criminales
El fenómeno del control criminal sobre la economía cotidiana de las comunidades ha escalado a un nivel crítico. Las estructuras armadas y combos ilegales ya no limitan su accionar al tradicional chantaje o cobro de cuotas extorsivas a los comerciantes; hoy, operan bajo un modelo de regulación económica total que impacta de manera directa la canasta familiar.
De acuerdo con análisis de dinámicas de seguridad urbana, el modus operandi consiste en copar eslabones clave de la cadena de suministro y distribución de alimentos de primera necesidad en zonas periféricas y asentamientos populares.
A través de amenazas directas, los grupos al margen de la ley obligan a tiendas de barrio, graneros y pequeños supermercados a abastecerse únicamente con redes de distribución asociadas o controladas por la misma organización criminal.
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