Durley Montoya, una joven dedicada a la minería informal en el corregimiento de Liberia El Charcón, en Anorí, fue liberada tras permanecer casi un mes retenida por el Clan del Golfo.
La mujer era la última integrante, en cautiverio, de un grupo de ocho pobladores secuestrados a finales de agosto en el Nordeste antioqueño. Aunque el hecho fue verificado por fuentes comunitarias y se confirmó que la joven abandonó la zona, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los detalles de la liberación.
Presidente de Junta Comunal estuvo entre los primeros secuestrados liberados
De las ocho personas captadas en su momento por la estructura ilegal, cuatro recuperaron la libertad en las primeras jornadas, tras despliegues militares que incluyeron sobrevuelos de la Fuerza Aeroespacial e incursiones de la Brigada 14 y la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7. Entre los primeros liberados figuraba Jeiber Alonso Restrepo, presidente de la Junta de Acción Comunal local.
Tres secuestrados fueron asesinados en el Bajo Cauca
Sin embargo, el desenlace resultó trágico para otros miembros del grupo: tres de los retenidos fueron trasladados desde Anorí hacia el Bajo Cauca y posteriormente asesinados en zonas rurales del municipio de Cáceres. Entre las víctimas se identificó a William Jaime Pineda Requena, de 31 años, hallado en la vereda Puerto Santo, y a Francisco Luis Mesa Castaño, de 41 años, ubicado en la vereda Piamonte.
La pelea por las rentas ilegales agrava la crisis en zonas rurales
El retorno de Durley Montoya se da en medio de disputas armadas entre el Clan del Golfo, el ELN y el Frente 36 de las disidencias de las Farc por el control de rutas y economías ilegales en el Nordeste antioqueño. Esta confrontación ha impactado directamente a la población de Liberia El Charcón; por ejemplo, el Frente 36 prohibió la entrada de distribuidores de bebidas alcohólicas al acusarlos de cooperar con el Clan del Golfo, lo que obligó a abastecer el comercio con camiones locales.
Anorí reclama mayor presencia del Estado en zona rural
Ante este panorama, la Gobernación de Antioquia solicitó al Ministerio de Defensa instalar un puesto de Policía permanente en el corregimiento, donde actualmente solo opera el Ejército. Por su parte, la comunidad y la Alcaldía de Anorí se movilizaron en dos marchas, el 10 y el 25 de septiembre, para reclamar la liberación de la joven minera y exigir garantías de seguridad en el territorio.
La ola de violencia en Anorí va más allá del secuestro masivo
La crisis de orden público en el sector rural de Anorí sigue agudizándose con otros hechos delictivos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos:
Recordemos que el pasado 27 de agosto el comandante de Bomberos Voluntarios de esta localidad fue hallado sin vida en zona rural, tras ser ultimado días antes del secuestro masivo. La Gobernación ofrece hasta $100 millones de recompensa por los responsables.
Asimismo, el pasado 10 de septiembre Julián Hincapié, comunicador y defensor de DD. HH., desapareció tras realizar un encargo en el sector Las Lomitas. Fue visto por última vez como parrillero en una motocicleta conducida por un desconocido. Se encuentra en búsqueda activa por parte de los organismos de investigación judicial.
El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, señaló que, mientras el casco urbano de Anorí permanece en "relativa calma", los corregimientos rurales continúan bajo atención prioritaria debido a la persistencia del conflicto.
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