La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atribuyó crímenes de lesa humanidad y de guerra a 21 exmiembros de la Fuerza Pública, 8 exintegrantes de las FARC-EP y 5 civiles —entre ellos directivos del Fondo Ganadero de Córdoba— por hechos ocurridos entre 1986 y 2002 en Urabá, Córdoba, el Bajo Atrato y el Darién chocoano.
En su decisión, la JEP reconoció como víctimas a los integrantes de Esperanza, Paz y Libertad, movimiento político surgido tras la desmovilización del EPL, así como a los miembros del sindicato bananero Sintrainagro.
Según el tribunal, los hechos hacen parte de una política sistemática de persecución y exterminio contra un grupo con identidad política y social definida. El abogado Javier Villegas Posada aseguró que dentro de esa política de terror se enmarcan masacres como La Chinita y El Oso, y señaló que las FARC buscaron eliminar a quienes consideraban “traidores” tras su desmovilización.
Hasta el momento, ninguno de los comparecientes —exmiembros de la Fuerza Pública, exintegrantes de las FARC-EP ni directivos vinculados al Fondo Ganadero de Córdoba— ha reconocido responsabilidad en estos crímenes.
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