La Procuraduría General de la Nación, a través de su delegada provincial en el departamento de Antioquia, ha puesto bajo la lupa la gestión contractual de la actual administración del municipio de Caucasia.
El foco de la controversia se centra en el mandatario local, Jhoan Oderis Montes Cortés, quien actualmente enfrenta un proceso disciplinario debido a posibles inconsistencias en la gestión de un proyecto vital para la infraestructura básica de esta localidad del Bajo Cauca antioqueño.
De acuerdo con el reporte oficial de la entidad de control, los hechos están relacionados con la vigencia del año 2024, específicamente vinculados a un contrato destinado al mejoramiento del sistema de acueducto. La situación ha generado un fuerte eco institucional, dado que se trata de un convenio que busca intervenir las redes de suministro de agua y los sistemas de alcantarillado, servicios que son considerados derechos fundamentales para la ciudadanía.
El origen de la investigación
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal, con jurisdicción sobre esta zona del norte y Bajo Cauca de Antioquia, fue la dependencia encargada de "poner la lupa" sobre este proceso administrativo. Tras un análisis preliminar, la entidad decidió abrir formalmente la investigación para determinar el alcance de las presuntas irregularidades cometidas durante la suscripción de un convenio interadministrativo.
Uno de los ejes centrales de la indagación radica en la modalidad de selección utilizada para ejecutar las obras. Los investigadores buscan establecer con claridad si se hizo un uso indebido de la contratación directa para la firma de este convenio, el cual tiene como objeto principal la optimización y mejora de las redes de acueducto y alcantarillado en el casco urbano o rural del municipio de Caucasia. La duda institucional recae sobre si esta vía administrativa fue la adecuada o si, por el contrario, se saltaron los procesos competitivos que exige la ley para este tipo de infraestructuras.
Presunta vulneración de principios estatales
El pliego de la entidad de control es contundente al señalar que el comportamiento del alcalde Jhoan Oderis Montes Cortés habría afectado los cimientos de la administración pública. Según la Procuraduría, el mandatario habría incurrido en conductas que atentan directamente contra tres pilares fundamentales que rigen la contratación estatal en Colombia:
- Principio de Transparencia: Al cuestionarse la claridad y la publicidad del proceso de selección.
- Principio de Economía: Relacionado con el uso eficiente de los recursos públicos en el marco del convenio.
- Principio de Responsabilidad: Que obliga a los mandatarios a velar por el cumplimiento estricto de la normativa vigente.
La gravedad del asunto escala al ámbito disciplinario, ya que la entidad calificó provisionalmente la falta como gravísima a título de dolo. Esto implica que, para el ente de control, existen indicios de que la conducta fue realizada con conocimiento de causa, lo que agrava la situación jurídica del actual alcalde de Caucasia.
Por ahora, la Procuraduría Provincial de Yarumal continuará con la etapa de instrucción para recolectar las pruebas necesarias que confirmen o desvirtúen la responsabilidad del funcionario. Mientras tanto, el municipio permanece a la espera de los resultados de esta investigación que mantiene en "enredos" judiciales a la primera autoridad de los caucasianos por un contrato que, irónicamente, buscaba mejorar la calidad de vida a través del servicio de agua.
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