La Policía Nacional retuvo en Medellín, mediante Notificación Roja de INTERPOL, a la ciudadana colombiana Katerin Herrera Álvarez, responsable, al parecer, de integrar una organización criminal radicada en Östersund que suplantaba a las autoridades policiales para extorsionar a ciudadanos escandinavos.
Esta ciudadana colombiana utilizaba correos electrónicos intimidantes para exigir transferencias de dinero de entre 85.000 y 90.000 coronas suecas, es decir, 36 millones de pesos.
Así habría extorsionado a ciudadanos suecos con amenazas
Esta mujer amenazaba con supuestas penas privativas de la libertad a la población sueca e igualmente intimidaba con la pérdida de la custodia de sus hijos si no realizaban las transferencias bancarias solicitadas. La retenida es señalada de integrar una organización criminal radicada en Östersund.
Katerin Herrera Álvarez cuenta con un particular historial personal y profesional. A los cinco años salió de Colombia hacia Costa Rica en calidad de refugiada por el asesinato de su padre a manos de las guerrillas, y a los siete fue acogida por el Gobierno sueco. Tras vivir 23 años en la nación europea, donde recibió apoyo estatal integral y ejerció profesionalmente como jefe de enfermería, regresó a Colombia alegando complicaciones de salud de su madre. Desde 2024 residía en Guarne y laboraba en el Valle de Aburrá, desempeñándose como administradora de hotel y posteriormente en organización de eventos.
Actualmente, la retenida quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que el Reino de Suecia formalice la respectiva solicitud de extradición.
¿Por qué Suecia recibe a tantos refugiados de la violencia?
Suecia es uno de los principales receptores de refugiados y víctimas de violencia del continente europeo. La política de acogida del país escandinavo no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de un marco legal internacional, una tradición diplomática de neutralidad y necesidades estructurales de su propia economía.
El pilar fundamental de este modelo radica en la adhesión de Suecia a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 de las Naciones Unidas. A través de la Agencia Sueca de Migraciones (Migrationsverket), el Estado garantiza el derecho de asilo a personas que enfrentan persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política, orientación sexual o violencia de género.
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