Tras el impacto generado por el caso de una menor de 12 años que sufrió la expulsión espontánea de un feto de 28 semanas en un centro asistencial de Belén (Medellín), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó que ya lidera el proceso de restablecimiento de derechos de la niña.
La institución activó de manera inmediata la ruta de protección integral para garantizar su integridad física y psicológica.
Ante la presunción de abuso sexual, delito tipificado en Colombia para cualquier relación con menores de 14 años, el caso activó una respuesta institucional inmediata. En el ámbito de salud, la menor recibe atención especializada en la Clínica El Prado para tratar las secuelas físicas y psíquicas del parto prematuro, mientras que en materia de justicia la Fiscalía General de la Nación lidera la investigación penal para identificar a los responsables y esclarecer el contexto del embarazo.
De manera paralela, el componente de protección está a cargo del ICBF, donde una Defensoría de Familia adelanta la verificación de derechos de la niña. Esta instancia ya dictó medidas cautelares para garantizarle un entorno seguro, mitigar el impacto de la vulneración y asegurar su bienestar integral durante el proceso judicial y la recuperación médica.
El ICBF informó que el trabajo actual se centra en que la medida de protección adoptada sea "necesaria y eficaz". Este proceso implica un seguimiento riguroso, en el que el defensor de familia presenta el caso ante un juez para validar las acciones tomadas.
El objetivo principal es evaluar el entorno social y familiar de la menor para evitar nuevas vulneraciones.
La emergencia se registró en las urgencias de la EPS Sura en el centro comercial Los Molinos, adonde la niña llegó con dolores abdominales en compañía de su madre. Allí se produjo el evento obstétrico de forma inesperada.
Pese a las maniobras de reanimación realizadas al nacer, el recién nacido falleció poco después de ingresar a la Clínica El Prado.
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