En las últimas horas, la organización defensora de derechos humanos Corpades alertó sobre la consolidación de lo que serían grupos civiles que, presuntamente, ejercen funciones propias de la Fuerza Pública bajo una figura que han denominado “para-autoridades”.
Según el comunicado de la ONG, existen registros audiovisuales y testimonios que señalan a contratistas y funcionarios de la administración local actuando con violencia contra la ciudadanía. La organización advierte que estos grupos, en algunos casos integrados por exmiembros de la fuerza pública o por personas con antecedentes, estarían recurriendo a agresiones físicas y tácticas de choque ante la presunta mirada pasiva de las instituciones.
La corporación enfatiza que este patrón de control territorial excede el marco legal vigente y cuestiona si fomentar estas prácticas fortalece o socava la democracia local. Ante lo que califican como un "escenario de grave riesgo institucional", Corpades solicitó la intervención urgente de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Dirección de la Policía Nacional para investigar estas conductas en las comunas y corregimientos de la ciudad.
La respuesta oficial: operativos bajo el marco de la convivencia
Frente a la difusión de material audiovisual que sustentaría estas denuncias, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, calificó las críticas como basadas en material "descontextualizado y malintencionado".
El funcionario se refirió específicamente a un reciente incidente en el Parque Bolívar, aclarando que la intervención de los gestores de convivencia se ajustó estrictamente a la ley. Según Villa, el procedimiento se originó cuando un ciudadano fue detectado realizando necesidades fisiológicas en el espacio público frente a feligreses, lo que derivó en una confrontación tras la reacción violenta de los implicados y el consumo de sustancias alucinógenas en el sector.
El rol de los gestores de convivencia
La Secretaría de Seguridad defendió la labor de su personal operativo, asegurando que actúan como primeros respondientes ante alteraciones del orden y comportamientos contrarios a la sana convivencia. El funcionario enfatizó que, tras controlar las situaciones de riesgo, los implicados son entregados formalmente a la Policía Metropolitana para el trámite judicial correspondiente.
Alerta Bogotá en Google News