La Corte Suprema de Justicia condenó a 39 meses y 15 días de prisión al mayor general en retiro Jorge Arturo Salgado Restrepo, excomandante de la Séptima División del Ejército, por el manejo irregular de recursos públicos.
La Corte Suprema de Justicia determinó que el general (r) Jorge Salgado utilizó su alto rango en la Séptima División del Ejército para estructurar un esquema de corrupción en dos fases.
En la primera etapa, el oficial y su familia recibían beneficios directos de contratistas seleccionados de antemano, tales como tiquetes aéreos, servicios de combustible y pagos en clubes sociales.
En la segunda fase, el procesado garantizaba la adjudicación de contratos estatales a esos mismos proveedores como método para "saldar" las deudas personales contraídas previamente. Según el fallo, este sistema de compensación irregular permitió desviar recursos públicos para cubrir gastos privados, aprovechando la posición jerárquica del oficial en la institución.
La Corte fue enfática al señalar que el beneficio ilícito se concretó gracias al aprovechamiento de la función que ostentaba el procesado como comandante de la Séptima División del Ejército Nacional con sede en Medellín.
¿Por qué el general (r) seguirá en libertad?
Aunque la condena supera los tres años, los magistrados verificaron que Salgado Restrepo ya cumplió la sanción impuesta. El cómputo de la justicia estableció que el oficial estuvo privado de la libertad entre 2020 y 2023, sumando un total de 35 meses y 28 días de detención efectiva.
A este tiempo se le adicionaron cuatro meses de redención punitiva obtenidos a través de actividades laborales certificadas. Al consolidar ambos periodos, la Corte declaró el cumplimiento total de la sanción privativa de la libertad, lo que le permite al sentenciado mantener su situación actual de libertad.
Además del tiempo de prisión, el fallo de 65 páginas proferido por la Corte Suprema de Justicia impone al general (r) Jorge Salgado una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 49 meses y 3 días.
Asimismo, el sentenciado deberá pagar una multa económica equivalente a 466,62 salarios mínimos legales mensuales vigentes como reparación por los daños causados a la administración pública.
Estas sanciones responden a la responsabilidad del exoficial en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado.
A juicio cinco expolicías por exigir hasta $40 millones a comerciantes en Medellín
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a cinco expatrulleros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), señalados de integrar una red de corrupción que extorsionaba a comerciantes en la capital antioqueña. Los procesados deberán responder ante un juez de conocimiento por el delito de concusión.
Según la investigación liderada por la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, entre agosto de 2021 y agosto de 2022, los entonces uniformados exigían sumas de dinero que oscilaban entre los $4 millones y los $40 millones. La presión contra los comerciantes consistía en amenazas de incautar mercancías bajo el falso argumento de que se trataba de contrabando.
Para evadir los controles institucionales y las autoridades judiciales, los implicados operaban tanto uniformados como de civil. Una de las modalidades detectadas consistía en realizar el intercambio del dinero dentro de los baños de los establecimientos, con el objetivo de evitar ser captados por las cámaras de videovigilancia.
Identidad de los procesados
Los implicados en el proceso han sido identificados como: Jhon Dairo Holguín Gaviria , Guillermo de Jesús Aguiar Sánchez, Yair Alvernia Guerrero, Wilham Eduardo Peña Rico y Yessica Marcela Mesa Cárdenas.
Situación jurídica
Actualmente, cuatro de los acusados se encuentran privados de la libertad mientras avanza el juicio. Por su parte, la expatrullera Yessica Marcela Mesa Cárdenas permanece prófuga de la justicia, por lo que las autoridades mantienen vigente una orden de captura en su contra para que comparezca ante los tribunales.
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