La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años a Elkin Darío Franco García, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de Cobro Coactivo y Fiscalización de la Alcaldía de El Retiro, Antioquia, tras encontrarlo responsable disciplinariamente de actos reiterados de acoso sexual contra una contratista de la administración municipal.
De acuerdo con la decisión de primera instancia, el Ministerio Público determinó que el funcionario incurrió en una serie de comportamientos inapropiados que afectaron la integridad, la dignidad y el bienestar laboral de la víctima, configurando una conducta catalogada como falta gravísima cometida a título de dolo.
La investigación documentó conductas reiteradas de acoso en El Retiro, Antioquia
Según las pruebas recopiladas durante el proceso disciplinario, los hechos se registraron de manera sistemática entre abril y diciembre de 2024 en diferentes espacios de trabajo de la administración municipal.
La Procuraduría concluyó que el funcionario realizó comentarios de carácter sexual, insinuaciones inapropiadas y acercamientos físicos sin consentimiento hacia la contratista, conductas que se repitieron durante varios meses y que terminaron afectando el ambiente laboral dentro de la entidad.
Las evidencias permitieron establecer que las actuaciones del servidor público no correspondieron a hechos aislados, sino a comportamientos reiterados que generaron incomodidad y preocupación en la víctima.
La contratista enfrentó un ambiente laboral hostil en este municipio del Oriente antioqueño
Durante el análisis del caso, el ente de control concluyó que las actuaciones del funcionario crearon un entorno laboral hostil para la profesional afectada.
Según la decisión disciplinaria, la contratista tuvo que desempeñar sus funciones en un escenario marcado por la vulnerabilidad, el temor a posibles represalias y la incertidumbre frente a la posibilidad de que sus denuncias no fueran tomadas en serio.
La Procuraduría señaló que este tipo de conductas constituyen una manifestación de violencia de género dentro de las instituciones públicas, pues obligan a las víctimas a soportar situaciones incómodas y degradantes mientras desarrollan sus labores profesionales.
Procuraduría calificó la conducta como una falta gravísima el hecho investigado en El Retiro, Antioquia
En el fallo, el Ministerio Público sostuvo que las actuaciones del entonces jefe de Cobro Coactivo vulneraron principios esenciales de la función pública y atentaron gravemente contra la dignidad humana de la contratista en su condición de mujer.
Por esa razón, la conducta fue calificada como una falta gravísima y dolosa, una de las sanciones más severas contempladas dentro del régimen disciplinario para servidores públicos.
La entidad concluyó que el comportamiento del funcionario resultó contrario a los deberes de respeto, integridad y protección que deben regir las relaciones laborales en las entidades estatales.
¿Qué implica la sanción impuesta?
Con la destitución, Elkin Darío Franco García, pierde automáticamente el cargo público que ocupaba al interior de la Alcaldía de El Retiro.
Además, la inhabilidad general por 10 años le impide ejercer cargos públicos, desempeñar funciones dentro del Estado o celebrar contratos de prestación de servicios con entidades oficiales durante ese período.
La medida busca garantizar que personas sancionadas por faltas disciplinarias de esta gravedad no puedan ejercer funciones públicas mientras esté vigente la restricción.
La decisión aún puede ser apelada en Antioquia
Pese a la contundencia de la sanción, la decisión corresponde a un fallo de primera instancia.
Esto significa que el disciplinado tiene derecho a interponer los recursos legales contemplados por la ley para solicitar una revisión de la decisión ante las instancias correspondientes de la Procuraduría.
Mientras se surten esos procedimientos, el caso continúa su trámite dentro del proceso disciplinario.
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