Las autoridades de Medellín intensificaron los controles a una agencia inmobiliaria señalada de retener dineros de arriendo, en una presunta estafa que afecta a más de 40 ciudadanos de la ciudad de Medellín.
La Secretaría de Seguridad y Convivencia lidera el proceso administrativo en articulación con la Fiscalía General de la Nación, que adelanta la investigación penal.
De acuerdo con las denuncias, la modalidad consistía en recibir inmuebles para su administración y captar pagos de arriendo o anticipos sin trasladarlos a los propietarios ni entregar los inmuebles ofrecidos. Las víctimas aseguran que, ante los reclamos, la empresa justificaba el incumplimiento con supuestos problemas financieros o bancarios, así lo manifestó la subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia, Laura Hernandez.
Hasta la fecha, las autoridades han recibido 25 quejas formales, impuesto 17 sanciones y mantienen 6 procesos administrativos en curso, en aplicación de la Ley 820 de 2003, que regula la actividad de arrendamiento. Como resultado de las actuaciones, se canceló la matrícula de la agencia, mientras continúa la investigación penal para establecer responsabilidades.
Las autoridades reiteraron el llamado a prevenir este tipo de situaciones, recomendando verificar que las agencias cuenten con registro formal, dirección física validada ante la Alcaldía de Medellín, historial de funcionamiento y referencias comprobables. Asimismo, insisten en no entregar dinero sin soportes contractuales claros y reportar cualquier irregularidad ante las entidades competentes.
Qué dice la ley 820 del 2002 sobre las agencias de arrendamiento
La Ley 820 de 2003 es la norma que regula el arrendamiento de vivienda urbana en Colombia y establece disposiciones específicas para las agencias de arrendamiento. Estas entidades, que actúan como intermediarias entre propietarios y arrendatarios, tienen obligaciones claras para garantizar transparencia y seguridad en las operaciones.
En primer lugar, la ley exige que las agencias estén formalmente registradas y constituidas, con matrícula vigente y dirección física validada ante la autoridad local. Esto busca evitar que empresas informales capten dineros de arriendo sin respaldo legal.
Además, la norma establece que las agencias deben respetar y cumplir los contratos de arrendamiento, los cuales pueden ser verbales o escritos, pero siempre deben contener información básica como la identificación de las partes, el inmueble objeto del contrato, el canon de arrendamiento, la forma de pago y la duración del contrato.
Un aspecto clave es la responsabilidad solidaria: las agencias responden junto con el arrendatario frente al propietario en caso de incumplimiento. Esto significa que si la agencia recibe el dinero del arriendo y no lo entrega al dueño del inmueble, puede ser sancionada y obligada a responder económicamente.
Qué hacer para evitar caer en estafas en agencias de arrendamiento
En primer lugar, se debe verificar que la agencia esté registrada formalmente y cuente con matrícula vigente ante la Alcaldía o Cámara de Comercio. Una agencia sin registro legal es un riesgo alto, pues no está sujeta a vigilancia ni control administrativo.
También es clave exigir contratos escritos y claros, donde se especifiquen las condiciones del arriendo: identificación de las partes, inmueble, canon, forma de pago, duración y responsabilidades sobre servicios públicos. Los contratos verbales, aunque válidos, dejan mayor margen para incumplimientos y fraudes.
Otro aspecto importante es solicitar comprobantes de pago y soportes contractuales cada vez que se entregue dinero. Esto incluye recibos, consignaciones bancarias o facturas que respalden la transacción. Nunca se debe entregar dinero en efectivo sin soporte.
Las autoridades recomiendan además consultar referencias y el historial de la agencia, verificando su trayectoria y reputación en el mercado. Revisar que tenga dirección física validada y que otros clientes la respalden ayuda a reducir riesgos.
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