El Juzgado Primero Civil del Circuito de Apartadó (Antioquia) confirmó la declaratoria de desacato contra Wildeman Eloy Cárdenas Amariles por incumplir una orden de tutela que le exigía reintegrar a una trabajadora embarazada, y decidió aumentar la sanción impuesta en primera instancia al considerar que persistió en el incumplimiento y no acreditó una imposibilidad real para acatar la decisión judicial.
Los hechos
La controversia se originó tras una sentencia de tutela que amparó los derechos fundamentales de Luisa Fernanda Rendón Herrera a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la igualdad, ordenando su reintegro al cargo que desempeñaba tras su embarazo.
Posteriormente, la trabajadora promovió un incidente de desacato al señalar que la orden judicial no había sido cumplida. En su defensa, el empleador sostuvo que carecía de empresa en funcionamiento, establecimiento de comercio, nómina y estructura organizacional que permitieran materializar el reintegro.
No la reintegró pero le ofreció un puesto de servicio doméstico
Sin embargo, el juez concluyó que esas afirmaciones no demostraban una imposibilidad objetiva e insuperable para cumplir la orden. La decisión resaltó que durante el trámite constitucional el propio accionado había reconocido ejercer funciones propias de empleador y aportó documentos que evidenciaban el pago de seguridad social de varios trabajadores, incluida la accionante.
Además, el despacho valoró una comunicación en la que el empleador habría ofrecido vincular nuevamente a la trabajadora como empleada de servicio doméstico en su residencia. Para el juez, esa propuesta evidenciaba que sí existía alguna capacidad material para reincorporarla, aunque no en los términos ordenados por el fallo de tutela, lo que debilitaba su argumento de imposibilidad absoluta.
Endurecimiento por posible intención de eludir la decisión judicial
La providencia señala que el incumplimiento fue persistente e injustificado y advierte incluso una posible intención de eludir la decisión judicial. Por ello, el juzgado modificó la sanción inicialmente impuesta de tres días de arresto y multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Con la nueva decisión, el sancionado deberá cumplir un mes de arresto y pagar una multa de 1.000 Unidades de Valor Básico. Adicionalmente, el juez ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión del delito de fraude a resolución judicial.
Finalmente, el despacho exhortó al juzgado de primera instancia a continuar verificando el cumplimiento efectivo de la orden de tutela, reiterando que las decisiones judiciales deben garantizar la protección real y material de los derechos fundamentales y no convertirse en simples declaraciones formales.
Preguntas del caso
¿Qué decisión adoptó el Juzgado Primero Civil del Circuito de Apartadó?
Confirmó la declaratoria de desacato contra Wildeman Eloy Cárdenas Amariles, aumentó la sanción a un mes de arresto y una multa de 1.000 UVB, y ordenó compulsar copias a la Fiscalía para investigar un posible fraude a resolución judicial.
¿Por qué fue sancionado el empleador?
Porque incumplió la orden de tutela que le exigía reintegrar a Luisa Fernanda Rendón Herrera a su cargo o a uno de igual o superior categoría y remuneración, sin demostrar una imposibilidad real para hacerlo.
¿Qué argumentos presentó el empleador para justificar el incumplimiento?
Alegó que no tenía empresa activa, establecimiento de comercio, nómina, trabajadores vinculados ni capacidad material para reintegrar a la trabajadora.
¿Por qué el juez rechazó esos argumentos?
Porque encontró pruebas de que el empleador había ejercido funciones propias de un empleador, realizado aportes a seguridad social de varios trabajadores, incluida la accionante, y hasta ofrecido otra alternativa laboral, lo que desvirtuaba la supuesta imposibilidad absoluta.
¿Qué otras medidas ordenó el despacho judicial además de la sanción?
Ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar un posible delito de fraude a resolución judicial y exhortó al juzgado de primera instancia a verificar el cumplimiento efectivo de la orden de tutela.
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