Por primera vez en la historia del país, las autoridades ocuparon con fines de extinción de dominio a 42 bienes pertenecientes a cinco sociedades vinculadas a 35 personas, aparentemente adineradas de la ciudad, quienes durante 13 años dejaron de pagar el valor legal de los servicios públicos.
Según las autoridades, se trata de 28 inmuebles y 14 hoteles. Esta práctica ilícita representaba pérdidas cercanas a los $207 mil millones de pesos anuales, impactando las finanzas de EPM y el distrito.
Con base en los elementos materiales probatorios obtenidos mediante inspecciones judiciales, procedimientos administrativos e informes técnicos periciales que confirmaron la manipulación fraudulenta de los contadores, la Fiscalía emitió medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre los predios afectados. Las propiedades e infraestructura hotelera están avaluadas en más de $96 mil millones de pesos.
Los bienes afectados con las medidas cautelares fueron localizados en el centro de Medellín, y los barrios Buenos Aires, Laureles y Belén.
Cuanto duró la investigación por parte de las autoridades
La operación se concretó tras 16 meses de rigurosas labores investigativas por parte de la Seccional de Investigación Criminal, detonadas por las denuncias de la empresa de servicios públicos que detectó inconsistencias graves en los consumos.
Los peritos demostraron que esta red criminal venía operando de manera sistemática desde el año 2013 mediante conexiones clandestinas.
Era un circulo familiar los dueños de hoteles y propiedades: ¿Quedarán en la ruina?
Además, se identificó que los propietarios de los 28 inmuebles y los 14 hoteles mantenían un patrón delictivo coordinado a través de vínculos familiares, comerciales y societarios para evadir los controles técnicos.
El popular "contrabando" de los servicios públicos en Medellín
Las autoridades recordaron que estas alteraciones ilegales en las redes de energía y gas no solo generaron una afectación económica histórica, sino que mantenían en riesgo inminente a los usuarios y vecinos debido a la alta probabilidad de cortocircuitos, incendios o fugas masivas.
Qué dice el secretario de seguridad: Frente a este mea
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, expresó su indignación frente a los recientes casos de defraudación de fluidos en la ciudad. Señaló que esta problemática no solo se presenta en las comunas más vulnerables, sino también en sectores reconocidos como Belén y Laureles, lo que evidencia que la práctica se extiende a diferentes zonas de la capital antioqueña.
Villa hizo un llamado a la ciudadanía para que actúe con legalidad y cumpla con el pago de los servicios públicos. Según el funcionario, la evasión de estos pagos afecta directamente la sostenibilidad de la ciudad y genera inequidad entre quienes cumplen con sus obligaciones y quienes buscan aprovecharse de manera irregular.
Qué pasará con los implicados
En entrevista con Alerta Paisa, uno de los investigadores del proceso de extinción de dominio explicó que las personas implicadas en el caso de defraudación de fluidos podrían iniciar negociaciones con el Estado. Este mecanismo permitiría definir responsabilidades y eventuales acuerdos frente a las irregularidades detectadas en el pago de servicios públicos.
Los bienes ocupados bajo la figura de extinción de dominio pasarán a la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de su manejo y custodia. De esta manera, se garantiza que dichos inmuebles y propiedades sean administrados de forma legal mientras avanza el proceso judicial contra los implicados.
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