La Fiscalía General de la Nación judicializó al exalcalde de Unguía (Chocó), Otoniel Pérez Sáenz, junto con otras dos personas, por su presunta participación en un entramado de irregularidades relacionadas con un contrato de obras de mitigación.
De acuerdo con el ente acusador, los hechos están vinculados a la posible apropiación indebida de recursos destinados a prevenir emergencias asociadas a la temporada de lluvias en varias zonas del departamento. La investigación advierte un presunto detrimento patrimonial superior a los 3.556 millones de pesos.
Contrato bajo urgencia manifiesta
Los hechos ocurrieron el 2 de diciembre de 2019, cuando la administración municipal suscribió de manera directa un contrato interadministrativo con la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño (Asomura), luego de declarar la urgencia manifiesta.
El convenio, por un valor de $6.591 millones de pesos, tenía como propósito la construcción de tres muros de contención en los municipios de Unguía, Lloró y Tadó, con el fin de prevenir afectaciones derivadas del desbordamiento de ríos y precipitaciones intensas.
Sin embargo, la Fiscalía identificó presuntas inconsistencias en la ejecución contractual que habrían comprometido la correcta destinación de los recursos públicos.
Subcontratación irregular y manejo de recursos
Según el proceso investigativo, Asomura habría subcontratado a varias firmas que no contaban con la capacidad técnica ni financiera requerida para desarrollar las obras.
Entre estas empresas figura una representada por el contratista Luis Alberto García Mosquera, quien también fue vinculado al proceso judicial.
Además, se evidenció la transferencia de dineros públicos sin los soportes necesarios que justificaran su ejecución, lo que habría contribuido al deterioro patrimonial señalado por las autoridades.
Delitos imputados y medidas judiciales
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Chocó imputó a los procesados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de:
- Peculado por apropiación
- Falsedad ideológica en documento público
- Contrato sin cumplimiento de requisitos legales
- Asociación para la comisión de delitos contra la administración pública
Los implicados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.
En cuanto a las medidas adoptadas, un juez de control de garantías determinó que el exalcalde Otoniel Pérez Sáenz deberá cumplir detención domiciliaria, mientras que los otros dos procesados, Adolfo León Tabares Gutiérrez y Luis Alberto García Mosquera, deberán permanecer en establecimiento carcelario.
Alerta Bogotá en Google News