La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Sopetrán, en el occidente antioqueño, Tatiana Alexandra Carballo Hoyos, por presuntas irregularidades relacionadas con la demolición de la Casa de la Cultura Humberto Jiménez Tavera, un inmueble con 175 años de historia y considerado Bien de Interés Cultural en el municipio.
La actuación fue asumida por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Fe de Antioquia, que indaga una posible irregularidad en la expedición de una revocatoria directa firmada por la mandataria local. Según el expediente, dicha decisión habría permitido la continuidad de las obras de demolición, pese a la existencia de una orden judicial previa que suspendía cualquier intervención sobre el inmueble durante el mes de marzo.
De acuerdo con la investigación preliminar, la alcaldesa Carballo Hoyos podría haber estado impedida para resolver y suscribir ese acto administrativo, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento y su impacto en la protección del patrimonio cultural del municipio.
El caso generó controversia cuando la administración municipal justificó la demolición alegando que la estructura presentaba riesgo inminente de colapso, agravado por un incendio ocurrido en abril de 2024 que habría afectado cerca del 30 % de la edificación.
Sin embargo, sectores ciudadanos y colectivos culturales como Jorvurá denunciaron una posible “negligencia sistemática” de varias administraciones, al señalar que desde 2021 existían alertas del Dagran (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia) sobre el deterioro del inmueble que no habrían sido atendidas oportunamente.
La Casa de la Cultura, que en el pasado funcionó como el Hospital de Caridad, es considerada un símbolo de la memoria histórica de Sopetrán. Por ello, su demolición ha generado rechazo entre habitantes, líderes sociales y voces políticas como la del diputado Camilo Calle, quien advirtió que se estaría perdiendo parte de la identidad del municipio.
A mediados de noviembre de 2024, la intervención ya se encontraba en etapa avanzada, con muros inestables sobre la vía pública (Carrera 12), lo que obligó a la administración municipal a restringir el paso por motivos de seguridad.
Con la apertura del proceso disciplinario, el Ministerio Público busca establecer con claridad la ocurrencia de los hechos, determinar si las actuaciones investigadas constituyen falta disciplinaria y definir si existió alguna causal de exclusión de responsabilidad. La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios, mientras la Procuraduría mantiene la vigilancia sobre las decisiones administrativas relacionadas con el caso.
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