Un juez de control de garantías de Medellín dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra una mujer y su compañero sentimental. La pareja es señalada como presunta responsable de someter a un niño de tan solo dos años de edad a una serie de actos de violencia y maltrato sistemático en el interior de su propio hogar.
La investigación, liderada por una unidad especializada en delitos contra niños, niñas y adolescentes de la Fiscalía General de la Nación, permitió recopilar el material probatorio suficiente para judicializar a la madre biológica del menor y al padrastro. Según el ente acusador, los adultos no solo fallaron en su deber constitucional y legal de proteger la integridad del pequeño, sino que habrían sido los directos ejecutores de las agresiones.
De acuerdo con el expediente presentado ante el despacho judicial, los hechos de violencia ocurrieron en un periodo específico comprendido entre el 27 de marzo y el 2 de abril de 2026. Durante esos días, el entorno familiar, que debería haber sido el lugar más seguro para el niño, se convirtió en un escenario de vulneración constante.
Las autoridades pudieron evidenciar que el menor presentaba múltiples lesiones en diversas partes de su cuerpo. La investigación técnica y los testimonios recolectados apuntan a que estas heridas se produjeron de manera sistemática mientras el niño se encontraba bajo el cuidado exclusivo de la pareja. Uno de los puntos más críticos señalados por la Fiscalía es que, al ser interrogados sobre el origen de los golpes y las marcas físicas, ninguno de los dos adultos entregó una explicación clara, inmediata o coherente que justificara el estado de salud del menor.
La gravedad de la situación quedó plasmada en el informe de valoración médico-legal. Los expertos determinaron que los maltratos generaron afectaciones físicas de tal magnitud que el niño recibió una incapacidad inicial de 20 días. Sin embargo, la conclusión más alarmante del dictamen advierte que el desenlace pudo ser fatal.
Según el informe médico, si el niño no hubiera recibido atención médica oportuna y especializada, su vida habría estado en riesgo inminente. Las lesiones documentadas no fueron producto de accidentes domésticos fortuitos, sino de un patrón de agresión que puso en jaque la supervivencia del pequeño de dos años.
Ante la contundencia de las pruebas y la naturaleza de las lesiones, un fiscal de la seccional Medellín imputó a la madre y al padrastro el delito de tortura agravada. Este cargo refleja la sevicia y el dolor físico al que fue sometido el menor durante la semana en que se registraron los ataques.
Pese a las evidencias presentadas durante las audiencias concentradas, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos imputados por el ente de control. Sin embargo, el juez de garantías consideró que la libertad de la pareja representaba un peligro para la sociedad y, especialmente, para el menor víctima, por lo que ordenó su traslado inmediato a un centro carcelario mientras el proceso judicial continúa su curso.
El caso permanece en etapa de investigación, mientras las autoridades competentes aseguran el restablecimiento de los derechos del niño, quien continúa bajo vigilancia médica y protección institucional tras sobrevivir a este entorno de violencia intrafamiliar en Medellín.
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