Colombia comenzó el 2026 con un preocupante aumento en los homicidios de líderes sociales. De acuerdo con el más reciente informe de Indepaz, 23 líderes han sido asesinados en lo corrido del año, una cifra que evidencia la continuidad de un fenómeno que no se detuvo en 2025 y que sigue golpeando a las comunidades más vulnerables del país.
En este escenario, Antioquia vuelve a destacar por su alto nivel de riesgo: cerró el año anterior con 30 homicidios de líderes y en menos de dos meses de 2026 ya reporta tres asesinatos, todos con patrones de violencia que revelan la presencia activa de estructuras armadas y disputas territoriales en distintas subregiones.
Una seguidilla de homicidios que refleja un territorio en disputa
El primer hecho ocurrió el 24 de enero en Pueblorrico, donde fue asesinado Rubén Antonio Ríos Marín, un reconocido líder comunal que ejercía como presidente de la JAC de la vereda La Pica y fiscal oficial de Asocomunal.
Ríos era considerado un pilar del trabajo comunitario en la zona. La noche del ataque, dos hombres encapuchados ingresaron a su vivienda y lo agredieron con arma blanca frente a su familia. Aunque fue auxiliado de inmediato, las heridas fueron mortales. El crimen generó consternación entre las organizaciones comunales del suroeste, que recordaron el historial de amenazas que han enfrentado varios de sus integrantes.
Cuatro días después, el 28 de enero, la violencia golpeó a Tarso. Allí fue asesinada Elizabeth Zapata Osorno, ex-presidenta de la JAC de la vereda El Cedrón y figura respetada en la defensa de procesos comunitarios.
Su cuerpo fue encontrado en una placa deportiva junto al de su esposo y un joven de 27 años. Este triple homicidio fue catalogado por las autoridades como una masacre. Las primeras hipótesis apuntan a la disputa territorial entre la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo y el grupo Los Pachecos, que desde hace meses se enfrentan por corredores estratégicos entre el suroeste y el occidente del departamento.
El caso más reciente se registró el 19 de febrero en Briceño, un municipio históricamente golpeado por la violencia. El líder social y ambiental Carlos Pérez Guzmán, reconocido por su defensa de los recursos naturales y por su trabajo con comunidades rurales, fue atacado a tiros a las afueras de su vivienda.
La rápida reacción policial permitió trasladarlo a un centro asistencial, pero falleció minutos después debido a los múltiples impactos de bala en la espalda y el abdomen. Su asesinato elevó la tensión en la zona, justo cuando el municipio atravesaba un ambiente político complejo por la reciente circulación de amenazas firmadas por grupos armados.
Un panfleto armado intensifica la crisis en Briceño
A los homicidios se suma un nuevo elemento que ha encendido las alarmas: la difusión de un panfleto atribuido al Frente 36 del Bloque Magdalena Medio, estructura perteneciente a las disidencias de alias ‘Calarcá’.
El documento —cuya autenticidad está siendo verificada por las autoridades— declara como “objetivo militar” al alcalde de Briceño, José Noé Espinoza, a quien señalan de supuestos vínculos con el Clan del Golfo. Las acusaciones incluyen permitir el tránsito de sicarios, facilitar la cooptación de Juntas de Acción Comunal y direccionar contratos hacia personas con presunta cercanía al paramilitarismo.
El panfleto menciona incluso el asesinato de Jennifer Tatiana Echavarría Cano, insinuando que su muerte estaría ligada a disputas entre estructuras ilegales rivales.
Para organizaciones defensoras de derechos humanos, este tipo de mensajes son una estrategia de terror que busca someter a la institucionalidad local y disputar control político y social en zonas rurales.
El alcalde rechaza los señalamientos y exige una investigación profunda
Ante la gravedad de las amenazas, el alcalde Espinoza emitió una declaración pública rechazando categóricamente los señalamientos.
Afirmó que el panfleto busca desinformar, confundir a la población y debilitar la gobernabilidad municipal. También recordó sus 22 años de trayectoria en el sector público, incluyendo su labor como técnico en la UMATA entre 2002 y 2011, antes de ser elegido por voto popular.
“Siempre he actuado con apego estricto a la Constitución. Bajo ninguna circunstancia he promovido o tolerado la presencia de grupos ilegales”, señaló.
El mandatario pidió a la Fiscalía General de la Nación una investigación integral que determine tanto la autoría de las amenazas como la veracidad —o falsedad— de los señalamientos en su contra. La intención es dejar un registro oficial que desvirtúe cualquier supuesto vínculo con estructuras criminales.
Operaciones militares y disputas por el control del territorio
Analistas en seguridad sostienen que estas amenazas podrían ser una respuesta directa al aumento de operaciones militares contra el Frente 36 en el norte de Antioquia.
En las últimas semanas, las autoridades ejecutaron acciones que habrían afectado puntos de financiamiento, logística y reclutamiento del grupo ilegal.
Cuando estas estructuras pierden terreno —explican los expertos— suelen intensificar las amenazas y ataques contra autoridades locales y liderazgos sociales, buscando intimidar y retomar control político y social en sus zonas de influencia.
Mientras las organizaciones sociales exigen protección efectiva y garantías para líderes, defensores y mandatarios, el departamento enfrenta una nueva alerta temprana en medio de un 2026 que empieza marcado por el miedo, la disputa territorial y la ausencia de soluciones duraderas.
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