Diez edificaciones fueron selladas y se impusieron 16 medidas correctivas durante un operativo de control urbanístico y de seguridad adelantado en el sector El Mirador del municipio de Bello.
La intervención, liderada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana en articulación con la Policía Nacional, se llevó a cabo para verificar el cumplimiento de las normas de construcción y los permisos requeridos en la zona.
Según el balance entregado por el secretario de seguridad, Wber Zapata Lopera, el personal de la Dirección Operativa de Espacio Público procedió al sellamiento de las diez obras al constatar que operaban bajo irregularidades urbanísticas y sin la documentación legal obligatoria, procediendo también a la incautación de herramientas de trabajo.
Los operativos en Bello, Antioquia
Paralelamente, durante las labores de registro se aplicaron 16 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia, entre los que figuran infracciones por construcción irregular, porte de armas blancas, tenencia de estupefacientes y casos de irrespeto a la autoridad.
La Administración Municipal indicó que estos operativos de inspección y vigilancia continuarán de manera sostenida en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de frenar el desarrollo de obras no reguladas, proteger el espacio público y fortalecer la seguridad y el orden en el territorio bellanita.
La Alcaldía de Bello encendió las alarmas ante la grave problemática de invasión y urbanización ilegal que afecta al emblemático Cerro Quitasol.
Tras una serie de operativos de control e inspección ambiental, se descubrieron varias construcciones irregulares levantadas de manera inconsulta en las laderas de este importante pulmón verde del Valle de Aburrá, poniendo en riesgo tanto la estabilidad ecológica del territorio como la seguridad de las familias que allí se establecen.
Las investigaciones institucionales apuntan a que redes de delincuencia común y traficantes de tierras operan en la zona ofreciendo lotes de manera fraudulenta por sumas que rondan los catorce millones de pesos, utilizando falsas promesas de legalización para engañar a compradores de bajos recursos.
Paralelamente, la administración municipal ha intensificado las medidas de choque, que incluyen operativos de demolición y restitución en sectores críticos, la incautación constante de materiales de construcción y una campaña de advertencia para que la ciudadanía se abstenga de negociar con intermediarios que ponen en peligro el patrimonio y la vida de los habitantes ante posibles deslizamientos e incendios.
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