En las últimas horas la Fiscalía judicializó a dos subintendentes de la Policía Nacional señalados de exigir dinero a un ciudadano para evitar sanciones relacionadas con una motocicleta reportada como hurtada.
Se trata de Bryan Stiven Arango Álvarez y Jhonny Alejandro Casas Cardozo, quienes fueron imputados por los delitos de concusión y cohecho propio, respectivamente, en el marco de hechos ocurridos en octubre de 2025 en la capital antioqueña.
Detalles de los hechos
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, los hechos se remontan a la madrugada del 16 de octubre de 2025, cuando Arango Álvarez retuvo a un ciudadano que se movilizaba en una motocicleta junto a otra persona en el barrio Trinidad.
De acuerdo con el expediente, el uniformado condujo al ciudadano hasta la estación de Policía de Belén, donde le informó que, además de que el vehículo tenía reporte de hurto, su licencia de conducción presuntamente era falsa.
En ese contexto, el subintendente habría exigido dinero al detenido, argumentando que era necesario para abastecer de combustible la camioneta oficial. A cambio, le ofrecía dejarlo en libertad.
Las autoridades judiciales establecieron que el ciudadano realizó una consignación a una cuenta suministrada por el uniformado, lo que quedó registrado como evidencia dentro del proceso.
Nuevo pago para devolución del vehículo
La investigación reveló un segundo hecho irregular. Dos semanas después, en la misma estación policial, el subintendente Jhonny Alejandro Casas Cardozo habría recibido otra suma de dinero con el fin de devolver la motocicleta a su propietario legítimo.
Sin embargo, los investigadores también determinaron que el vehículo nunca fue puesto a disposición de las autoridades competentes, como lo exige el procedimiento legal en casos de automotores con reporte de hurto.
Decisión judicial
Tras la presentación de los elementos materiales probatorios, un juez de control de garantías decidió imponer a los dos uniformados medida de aseguramiento en lugar de domicilio, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Investigación en curso
La Fiscalía continúa con las indagaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas involucradas en este presunto caso de corrupción al interior de la institución.
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