La confrontación entre el Clan del Golfo y el ELN volvió a desatar una grave crisis de orden público en los municipios de Remedios y Yondó, en el nordeste antioqueño. En las últimas horas, las autoridades confirmaron que al menos 60 personas se han visto obligadas a huir de sus viviendas para salvaguardar sus vidas ante la intensificación de los enfrentamientos entre ambas estructuras armadas ilegales. La situación, que se ha venido agravando desde comienzos de febrero, mantiene en alerta a los gobiernos local y departamental.
Consejo de Seguridad urgente para definir control territorial
Ante el incremento de los hechos violentos, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, anunció la realización inmediata de un Consejo de Seguridad virtual con presencia de mandos militares, organismos de investigación, autoridades municipales y entidades de atención a víctimas. El propósito del encuentro es trazar una ruta de intervención que permita recuperar el control de las zonas más afectadas, especialmente aquellas donde se han registrado desplazamientos masivos e individuales.
"El consejo de seguridad es con el fin de analizar la situación y para que el Ejército, que es quien debe restablecer el orden público, nos diga qué es lo que van a hacer para que las familias retornen a sus casas", señaló Martínez.
El funcionario insistió en que el desplazamiento podría incrementarse en las próximas horas debido a la presión ejercida por las estructuras ilegales. Por ello, se activaron los protocolos de atención humanitaria, que incluyen la instalación de albergues temporales, entrega de alimentos, evaluación de riesgos y acompañamiento por parte de la Unidad de Víctimas.
Tres focos de desplazamiento activo en Yondó
El alcalde de Yondó, Yerson Ariza, confirmó que actualmente el municipio atiende tres focos de desplazamiento, con reportes provenientes principalmente de las veredas Puerto Matilde y Campo Bijao, dos territorios históricamente golpeados por la presencia de grupos armados ilegales. En estas comunidades, las familias denuncian temor constante, amenazas directas y la imposibilidad de trabajar sus tierras debido a la confrontación armada.
Ariza explicó que el fenómeno no solo afecta a quienes deciden abandonar sus hogares, sino también a las personas que permanecen en las veredas sin libertad de moverse, situación que se agrava cuando los enfrentamientos o retenes ilegales bloquean las rutas de abastecimiento y transporte. La administración municipal, aseguró el alcalde, trabaja con un equipo de emergencia para garantizar que los desplazados reciban asistencia básica mientras se coordina el retorno seguro.
El crimen del 17 de febrero que encendió las alarmas
La tensión aumentó significativamente después del hecho violento registrado el 17 de febrero, cuando hombres armados —presuntamente del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo— interceptaron un bus de transporte interveredal que cubría la ruta Puerto Berrío – Campo Bijao. Los criminales obligaron a descender a varios pasajeros, entre ellos Armando Montero, bajo amenazas de muerte.
Tras varias horas sin información, las autoridades confirmaron el hallazgo de tres cuerpos sin vida en el sector conocido como la “Y de la Virgen”, en la vía que comunica a Remedios con Yondó. Este crimen generó un profundo temor en la población y desencadenó nuevas salidas precipitadas de familias completas que decidieron abandonar la zona para evitar represalias.
Comunidades atrapadas entre el fuego cruzado
Para los habitantes del nordeste y el Magdalena Medio, la disputa entre ambas organizaciones no es un episodio aislado. Líderes comunitarios han denunciado reiteradamente que estos grupos se disputan corredores estratégicos utilizados para movilidad de tropas, tráfico de armas, extorsiones y control de economías ilegales. En medio de esa puja, la población civil continúa siendo la más afectada.
Organizaciones sociales insisten en que la presencia del Estado suele ser reactiva, y piden que, además de los operativos militares, se implementen programas sociales, vías, educación y oportunidades económicas que reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades.
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