La aplicación del Decreto de Emergencia Económica expedido por el Gobierno Nacional encendió las alertas en Antioquia por el impacto que tendrían sobre la industria licorera y, en consecuencia, sobre las finanzas departamentales. Desde la Fábrica de Licores de Antioquia se advirtió que los cambios en la estructura tributaria podrían generar un aumento significativo en el precio final del aguardiente, pasando de $40.000 a cerca de $60.000 por botella a pie de factura.
Según el análisis técnico de la FLA, el mayor impacto del nuevo esquema impositivo se concentra en el impuesto que por ejemplo tendrá la botella de Aguardiente Antioqueño de 750 ml, cuyo incremento podría superar los $17.000 y quedar en $33.000. A esto se suma el aumento del IVA, que es un tributo nacional y ronda los $900 y podría llegar a $3.000 por unidad. En conjunto, estos ajustes representarían un alza cercana al 50 % en el precio del producto, un cambio que, según la empresa, recaería de manera inmediata sobre el consumidor final.
La Fábrica explicó que este escenario no solo afecta el bolsillo de los ciudadanos, sino que también pone en riesgo la estabilidad de una de las principales fuentes de financiación de los departamentos. Las utilidades de la industria licorera se destinan en buena parte a proyectos de salud, educación y programas sociales, por lo que una caída en las ventas tendría efectos directos sobre estos sectores estratégicos.
De acuerdo con las proyecciones de la empresa, el incremento en el precio podría provocar una reducción significativa en la demanda legal de licor. Experiencias previas indican que aumentos de esta magnitud tienden a generar una caída proporcional en las ventas, lo que impacta negativamente las utilidades. Además, desde la FLA se advirtió que un encarecimiento abrupto del producto podría incentivar el contrabando y la informalidad, fenómenos que no solo afectan los ingresos públicos, sino que también fortalecen economías ilegales.
Ante esta situación, la Fábrica de Licores de Antioquia informó que, por ahora, no ha incrementado ni facturado los nuevos precios, a la espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la legalidad y constitucionalidad de los decretos de Emergencia Económica. La empresa considera que es fundamental contar con claridad jurídica antes de trasladar los nuevos costos al mercado.
El llamado a la Corte Constitucional también busca evitar un efecto dominó en las finanzas regionales. Antioquia no es el único departamento que depende de los ingresos por licores, pero sí uno de los que mayor volumen de recursos transfiere a programas sociales a través de esta actividad. Por eso, desde el departamento se insiste en que cualquier reforma tributaria debe evaluar con cuidado el impacto territorial.
Mientras se define el futuro jurídico de los decretos, la FLA reiteró su disposición a acatar las decisiones institucionales, pero insistió en la necesidad de reglas claras y estables. “Estamos ante una situación que no solo es económica, sino social. Un aumento de este tamaño afecta al consumidor, a la empresa y a los recursos públicos”, concluyó la entidad a través de un comunicado.
Por ahora, la expectativa está puesta en la decisión que adopte la Corte Constitucional, considerada clave para definir si los cambios tributarios se mantienen, se ajustan o se suspenden, y para determinar si el aguardiente en Antioquia terminará costando $60.000 por botella o si se evitará un golpe adicional al consumo y a las finanzas regionales.
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